La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene en sus manos el proceso planteado en contra de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogados en su mandato, afirmó el fiscal General, Juan Lanchipa.
“El fiscal departamental de Chuquisaca inició el proceso de investigación, pero la autoridad jurisdiccional decidió declinar de competencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces ya no está en manos del Ministerio Publico, sino en la Asamblea Legislativa”, explicó luego de un fallido informe oral en la Comisión de Justicia Plural de Diputados.
De tramitarse en el Legislativo, los magistrados serán sometidos a un juicio de responsabilidades.
A inicios de enero, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una denuncia penal contra los magistrados y consejeros por “usurpación de funciones”, luego de que éstos ampliaran su mandato por una sentencia constitucional “ante la falta de nuevas autoridades judiciales electas”.
La querella fue presentada en la Cámara de Diputados por Enrique Urquidi, jefe de bancada de CC, quien alegó que los magistrados ocupan los altos cargos de la justicia “de manera ilegal”.
Y con la demanda cuestionan la “Declaración Constitucional 0049/2023”, del 11 de diciembre de 2023, que en su punto cuarto “dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado”.
