La empresa estatal Mi Teleférico activó cuatro acciones legales y administrativas por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos entre las gestiones 2021 y 2025.
Las medidas, impulsadas por la Unidad de Transparencia de la institución en el marco de los lineamientos de fiscalización fijados por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, incluyen denuncias penales formalizadas ante el Ministerio Público y solicitudes de auditoría interna. El gerente general de la empresa, Christian Eduardo Rojas, ratificó la política de cero tolerancia contra las irregularidades financieras y administrativas, instruyendo el esclarecimiento inmediato de fraudes tributarios con el sistema Re-IVA, cobro de cohechos y posibles desviaciones de fondos en la comercialización de pasajes del transporte por cable.
Entre las acciones penales más relevantes destaca la querella interpuesta por el delito de peculado contra ocho funcionarios. De acuerdo con los peritajes preliminares, los sindicados se habrían apropiado —entre enero de 2023 y noviembre de 2025— de facturas que debieron ser emitidas a los usuarios del servicio para registrarlas fraudulentamente a su favor y beneficiarse de forma indebida con los reembolsos del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA).
A esta causa se suma una segunda denuncia penal por cohecho pasivo contra un empleado acusado de exigir cobros irregulares a dependientes con amonestaciones disciplinarias a cambio de alterar o eliminar sus antecedentes de las bases de datos físicas y digitales de la empresa.
En el ámbito fiscalizador interno, la estatal remitió a Auditoría Interna la investigación sobre el nombramiento irregular de 11 funcionarios que habrían ejercido cargos públicos entre 2021 y 2023 sin cumplir con los requisitos del perfil profesional, provocando un potencial daño económico al Estado. De igual forma, se requirió una auditoría especial sobre el sistema de billetaje electrónico ante sospechas de fallas de seguridad que habrían permitido la generación de recaudaciones paralelas.
«Nuestra responsabilidad es proteger los recursos del Estado. Ningún indicio de irregularidad quedará sin investigación», aseveró Rojas, confirmando el fortalecimiento de los controles de seguridad en las líneas de La Paz y El Alto.
