En el año que termina, el embarazo de una niña de 11 años abusada sexualmente por su abuelastro de 61 años en la localidad de Yapacaní, Santa Cruz, conmocionó al país.
El caso provocó que las autoridades gubernamentales intervengan porque los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní no actuaron para proteger los derechos de la menor, además de que la madre y algunos representantes de la Iglesia Católica se opusieron a la aplicación de la medida jurídica e incluso la llevaron a un centro de acogida para que diera a luz.
En el marco de los esfuerzos gubernamentales, el Ministerio de Salud y Deportes conformó, por su lado, un equipo multidisciplinario de 10 profesionales en el área de la medicina para valorar la salud de la niña, a fin de que se brinde un informe técnico para que se tome una decisión.
El equipo de especialistas fue integrado por psiquiatras, psicólogos, ginecólogos, trabajadora social, profesionales del área de auditoría y calidad, responsable competente de violencia y otros.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, abogó también por el respeto de los derechos fudamentales de la niña.
«Las niñas son niñas, no son madres. Nosotros vivimos en un Estado laico y, por supuesto, a nivel internacional, se considera que el embarazo de una menor es una forma de tortura», señaló.
El representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en Cochabamba, Edwin Claros, dijo que la intervención institucional era necesaria, porque está vigente la Sentencia Constitucional 206/2014, que establece “que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en casos que el embarazo sea producto de violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano), estupro cuando la víctima es una menor de edad o cuando la vida de la mujer corre peligro”. “Como APDHB estamos de acuerdo con estas opciones”, sostuvo.
El experto en derechos humanos dijo, sin embargo, que la normativa en general no se cumple por cuestiones éticas y morales, por lo que incluso se llega a “tapar” centenares de casos a nivel nacional, por lo que recomendó que el debate sobre el tema de la aplicación de la interrupción legal del embarazo sea reabierto con miras a tener políticas públicas “claras”, así como medidas preventivas y de protección de menores víctimas de violación para que las leyes no queden como enunciados.
La niña fue sometida a la interrupción de su embarazo por su propia decisión, conjuntamente con la madre, en el marco del resguardo a su derecho a la vida y a la integridad, por lo que quedó en condiciones de continuar con su vida.
