El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución conjunta en la que condena la «detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina» Jeanine Áñez y de dos de sus ministros, de quienes pidió su inmediata liberación para que puedan afrontar una defensa con garantías de justicia «trasparente e imparcial».
Además, la resolución indica que en 2019 la expresidenta «cumplió plenamente con su deber de la Constitución boliviana como Segunda Vicepresidenta del Senado al llenar el vacío presidencial provocado por la renuncia del expresidente Evo Morales” y recuerda que «el Tribunal Plurinacional de Bolivia avaló el traspaso de poder a Jeanine Áñez».
Ese año, la Unión Europea formó parte de las negociaciones de pacificación en Bolivia, donde se acordó la sucesión constitucional que llevó a Áñez a la Presidencia, luego de que la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió la renuncia de sus legisladores para generar un vacío de poder.
La Resolución Conjunta (RC-244/2021) contó con el voto favorable de 396 eurodiputados, el rechazo de 267 y la abstención de 28 integrantes de la cámara europea.
“(El Parlamento Europeo) denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Jeanine Añez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”, se lee en la misma.
Además, el Parlamento Europeo pide iniciar una reforma judicial, el nombramiento de un Defensor del Pueblo “independiente e imparcial” e investigar a la consultora Neurona, por la presunta canalización de fondos públicos por un valor de 1,6 millones de dólares, durante la gestión de Evo Morales.
En referencia a la reforma judicial, la Resolución Conjunta insta a que existan «cambios estructurales” al sistema judicial boliviano y que el Gobierno aborde la corrupción en el país de forma “generalizada”.
“(El Parlamento Europeo) insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva; pide al Gobierno boliviano que aborde la cuestión generalizada de la corrupción en el país”, indica el quinto punto del documento aprobado.
