La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, ordenó detener el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales hasta que se resuelva una demanda presentada por una candidata que observó su inhabilitación.
De acuerdo al documento, la demanda fue interpuesta por la abogada Margarita Medrano Mayta, exfiscal de Santa Cruz (2020) inhabilitada del proceso para ser candidata al Consejo de la Magistratura.
“La Sala Constitucional ordena la paralización del proceso hasta que se desarrolle el amparo constitucional (solicitado por Medrano) marcado para el próximo lunes 22 de abril a horas 10.00 en Santa Cruz”, cita el documento que fue firmado por los vocales de Sala Tercera David Valda y José Manuel Gutiérrez el pasado lunes 15 de abril.
La abogada demandante señaló que sus derechos y garantías constitucionales habrían sido vulnerados y calificó de irregular su inhabilitación.
“Vulneran mis derechos, mis garantías, y también están en este caso violentando la propia norma por la cual han sido creadas las comisiones mixtas”, declaró Medrano.
El dictamen precisa que deberán estar presentes en dicho amparo el próximo lunes, los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución Miguel Rejas y de Justicia Plural, Roberto Padilla.
La tarde de ayer, al final de una prolongada sesión, las comisiones declararon un cuarto intermedio y suspendieron los plazos en la preselección de candidatos.
“Declaramos cuarto intermedio hasta nuevo aviso”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Rejas
También se conoció de otro recurso presentado por otro candidato inhabilitado, Herculiano Capusiri Casana.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales René Delgado Ecos y Alexis Angles Mercado ordenó paralizar el proceso hasta tanto se pronuncie sobre la demanda, según reveló la red DTV.
Por su parte, el senador del MAS Adolfo Flores, integrante de la Comisión Mixta de Justicia, defendió la decisión de inhabilitar a algunos postulantes, como Medrado, porque no cuentan con la experiencia en materia del Consejo de la Magistratura.
Además, consideró extralimitada la decisión de la sala constitucional de paralizar todo el proceso de preselección por este reclamo.
No obstante, reveló que “hay cerca de 10 amparos en Beni y Santa Cruz” de personas inhabilitadas en el proceso hacia las elecciones judiciales.
Desde este miércoles se tenía previsto el inicio de la fase de evaluación oral.
Sobre las 1.500 preguntas presentadas por las universidades, colegios de abogados y las escuelas de jueces para las pruebas orales, determinaron que sean custodiadas en un salón del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa. Una notaria de fe pública realizó el registro de la caja con las preguntas y respuestas.
Desde este miércoles se tenía previsto el inicio de la fase de evaluación oral.