A poco más de una semana de asumir la Vicepresidencia, Edmand Lara enfrenta su primer episodio crítico vinculado al manejo de redes sociales, una herramienta que él considera central para mantener cercanía con la población, pero que ahora abre un debate sobre los límites, riesgos y responsabilidades de la comunicación digital desde el ejercicio público.
Este domingo, un video que circuló desde una de las cuentas que habitualmente replica contenidos del vicepresidente desató una ola de comentarios. En el audiovisual se atribuían a Lara declaraciones sobre temas de índole personal y familiar. El material fue retirado rápidamente y, luego, desde distintos perfiles vinculados a su entorno político se aseguró que todo se trató de un hackeo y que el contenido habría sido generado mediante inteligencia artificial.
Horas más tarde, el propio vicepresidente difundió una fotografía familiar y un pronunciamiento en el que pidió evitar la reproducción del video, advirtió sobre la manipulación digital y anunció acciones legales. También recalcó que la unidad familiar es un valor fundamental y que no permitirá que se utilice información falsa para afectarlo.
Sin embargo, el episodio abrió un flanco que no solo involucra la veracidad del material, sino el modelo de comunicación adoptado por Lara desde antes de asumir el cargo. Su presencia activa en TikTok —donde suele divulgar opiniones políticas, percepciones internas de gestión, cuestionamientos, instrucciones institucionales o tensiones con otras autoridades— ya había sido cuestionada por actores políticos y especialistas, quienes advierten que esta exposición permanente puede generar escenarios de vulnerabilidad o confusión comunicacional.
La situación también evidenció otro problema: la ausencia de cuentas oficiales certificadas. El propio Lara ha explicado que existen múltiples perfiles creados con su imagen, lo que dificulta identificar cuáles son administrados por su equipo y cuáles no. En contextos de desinformación, esta falta de claridad incrementa los riesgos.
Parlamentarios de distintas fuerzas expresaron su preocupación por el impacto que este tipo de episodios puede tener en la agenda institucional. Mientras algunos consideran que la comunicación directa puede ser positiva, otros observan que la exposición a controversias digitales desvía la atención de las responsabilidades gubernamentales y erosiona la percepción de estabilidad.
Analistas consultados en días recientes sostienen que las tensiones políticas son parte natural de cualquier administración, pero advierten que, cuando se trasladan al terreno de las redes sociales, pueden amplificarse y dar señales contraproducentes sobre la conducción interna del Gobierno. La recomendación general apunta a fortalecer los canales formales, establecer protocolos de verificación y diferenciar con claridad la comunicación institucional de la publicación personal.
A medida que se desarrollan las investigaciones anunciadas por el vicepresidente, el caso deja instalada una discusión más amplia: ¿hasta qué punto es compatible un estilo comunicacional altamente espontáneo con las exigencias de un cargo del más alto nivel? El episodio marca un primer desafío para la gestión Lara y evidencia que, en la era digital, la gobernabilidad también depende de la gestión responsable de la imagen pública en redes.
(16-11-2025)
