La Procuraduría General del Estado presentó este martes una denuncia penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez por “privatizar” la defensa del Estado al contratar abogados externos para 10 casos, en mucho de los cuales no habrían resultado de utilidad, lo que habría causado un daño económico de algo más de Bs 5.433.603,9.
Asimismo, el procurador César Siles explicó que Chávez fue denunciado por los delitos de resoluciones contrarías a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que tienen una pena máxima de 10 años de privación de libertad, según el Código Penal.
“El delito de conducta antieconómica está presente en estos 10 contratos. El delito de conducta antieconómica exige un sujeto activo, que es una máxima autoridad ejecutiva, en este caso era el Procurador General del Estado”, dijo. Y agregó que, en los cerca de tres años de gestión, la exautoridad incurrió en “una mala administración, decisión y gerencia”.
Por su lado, el director Jurídico de la Procuraduría, Aldo Torrez, señaló que la denuncia se centra en 10 de más de 30 contratos que se firmaron en la gestión de Chávez, y que fueron sometidos a una auditoría.
El monto global de los contratos suma Bs 11.953.800,00, de los cuales se ejecutaron o pagaron Bs 5.433.603,9.
Según la Procuradoría, entre las irregularidades identificadas está la firma de contratos, porque no “se tenían la justificación necesaria” debido a que la Procuraduría cuenta con la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con más de 20 abogados, que debía asumir esta labor.
Además, la auditoría habría identificado que en uno de esos casos el bufete de abogados no cumplía requisitos previstos en el “Reglamento de Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados: sean Nacionales o Extranjeros y otros Servicios Especializados para la Defensa Legal del Estado», como la matrícula actual del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), la falta de poder o mandato específico y la ausencia de informe legal que justifique la contratación.
También habrían descubierto contratos vigentes “con el mismo objeto”, y contrataron abogados cuando el arbitraje planteado aún no había iniciado, para una etapa prearbitral, sin que se tenga atribuciones para tal efecto. En ese caso el pago al abogado se realizaba por hora y no se garantizaba el cumplimiento de todas las actividades descritas en el propio contrato.
Además, Siles denunció que estos abogados se daban a la tarea de sumar los minutos de las llamadas que hacían, e incluso la duración de los mensajes por WhatsApp, para cobrar por su labor.
“El Procurador, en cada uno de los contratos, debió haber hecho un análisis y decir: no, no puedo contratar abogados para derechos humanos, si tengo un equipo de aproximadamente 20 personas que trabajan en la Subprocuraduría de Defensa y Representación, y ganan buenos sueldos; ellos tienen que hacer ese trabajo”, agregó.
Junto con Chávez fueron denunciados el exdirector General de Asuntos Administrativo, Ibert René Renato Aguilar Mamani, que firmó uno de 10 contratos, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes; David Sebastián Padilla Moreno, que es representante legal del bufete “Fideleg”, por los delitos de incumplimiento de contratos, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado; y la exconsultora Cecilia Ríos Moeller por incumplimiento de contratos.
Asimismo, la Procuraría presentó 3.005 fojas de prueba de estos hechos.
“Queremos recuperación del daño económico ocasionado al Estado”, aseguró Siles, anticipando que después del proceso penal se abrirá uno civil para recuperar el daño económico causado al Estado.
