El presidente Rodrigo Paz ha transformado el Día del Estado Plurinacional en el escenario de un «acto fundacional» contra la criminalidad agraria. Desde la capital oriental, y escoltado por el gobernador Luis Fernando Camacho, Paz lanzó una advertencia terminal a las redes de avasalladores: el Estado dejará de ser «la casa de los maleantes» y la complicidad oficial con el tráfico de tierras ha llegado a su fin.
El Gobierno central y la región más próspera del país han decidido marchar al unísono para desmantelar lo que el mandatario definió como un «Estado tranca y profundamente corrupto».
Con una retórica dura, Paz vinculó el tráfico de tierras no solo con la pérdida de propiedad, sino con una degradación moral que ha derivado en violencia física y ataques a la prensa. El mandatario hizo referencia implícita a casos como la reciente agresión al cacique chiquitano Ricardo Peña y el secuestro de periodistas en años pasados, calificándolos como una «humillación» para la Policía y el Ministerio Público.
“La corrupción ya no es solo dádiva o coima. Está llegando a niveles de agresión física. Es eliminar al prójimo. Hoy defender lo correcto parece no ser lo correcto, y eso es lo que tenemos que cambiar”, sentenció Paz ante una audiencia que incluía a la cúpula policial y judicial del país.
Para el Presidente, 2026 es el año de la «limpieza institucional». Al movilizar a todo el Ejecutivo hacia Santa Cruz, Paz no solo busca frenar los avasallamientos, sino consolidar una base política que le permita gobernar sin depender de los sectores radicales que hoy se agrupan en torno a la Vicepresidencia y el Trópico de Cochabamba.
La advertencia ha sido lanzada: el Estado boliviano ya no será el refugio de las mafias. Sin embargo, el éxito de este «acto fundacional» dependerá de que las palabras se traduzcan en desalojos efectivos y condenas judiciales para los «peces gordos» del tráfico de tierras que, durante años, operaron bajo el amparo de la sombra estatal.
