La estrategia legal del expresidente Luis Arce Catacora para evitar los tribunales comunes ha vuelto a fracasar. La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó hoy, por segunda vez, el recurso de incompetencia presentado por su defensa. Con este fallo, la Justicia ratifica que Arce deberá responder como un ciudadano común en el proceso por conducta antieconómica vinculado al millonario desfalco del Fondo Indígena.
La defensa de Arce intentó acogerse a la Ley 2445, argumentando que, al momento de los hechos investigados, él fungía como Ministro de Economía. Según su tesis, cualquier irregularidad detectada en el manejo de recursos públicos durante su gestión ministerial debía ser dirimida por la Asamblea Legislativa y no por un juez penal ordinario.
Sin embargo, el tribunal fue tajante al desestimar la excepción de «falta de acción», por considerar que los actos investigados en el Fondo Indígena no corresponden a funciones exclusivas del cargo de ministro, sino a presuntos manejos irregulares que pueden ser procesados penalmente.
Este es el segundo intento fallido de Arce en menos de dos meses. En diciembre de 2025, un juez de instrucción ya había negado el mismo pedido. Al intentar apelar ante una instancia superior, el exmandatario solo ha conseguido una ratificación que deja su situación jurídica en extrema vulnerabilidad.
La decisión judicial ocurre en una semana de alta intensidad, marcada por las denuncias del vicepresidente Edmand Lara sobre supuestos pactos entre el Gobierno actual y el «arcismo». No obstante, el fallo de hoy parece desmentir cualquier acuerdo de protección hacia Luis Arce.
Mientras su predecesor, Evo Morales, se encuentra postrado por problemas de salud en el Chapare y cercado por el caso de trata de personas, Luis Arce ve cómo se desvanece su última línea de defensa institucional.
