En una reveladora entrevista con radio Panamericana, el presidente Rodrigo Paz ha roto el silencio sobre el escándalo de las «narcomaletas», asegurando que su administración no fue sorprendida por el hallazgo, sino que monitoreaba la operación «tiempo atrás».
Según el mandatario, el allanamiento a la empresa de seguridad Ebose S.R.L. y la posterior aprehensión de la exdiputada Laura Rojas son el resultado de un seguimiento minucioso diseñado para desmontar lo que él denomina el «Estado tranca»: una estructura burocrática capturada por la corrupción y el tráfico de influencias.
La génesis de la operación no fue fortuita. Una alerta internacional advirtió al Gobierno boliviano sobre el movimiento de un avión privado contratado por Rojas, el cual voló desde Estados Unidos hacia Santa Cruz transportando un cargamento inusual: 32 maletas cargadas con divisas.
A partir de este dato, los agentes de la FELCN y el CEIP (Centro Especial de Investigaciones Policiales) permitieron que la logística avanzara para identificar la «primera estructura» de contactos. El rastro llevó directamente a un galpón donde se custodiaban 80 kilos de marihuana junto a documentos personales del juez Hebert Zeballos, actualmente detenido en Palmasola.
Paz fue enfático en desmarcarse del sensacionalismo político, asegurando que su prioridad es la efectividad judicial sobre el rédito mediático. No obstante, lanzó una advertencia que ha puesto en guardia a la clase política: este es solo el primero de varios casos de alto perfil que saldrán a la luz.
“Saltarán muchos escándalos que tocarán a muchos nombres y muchas instancias. A nosotros no nos interesa hacer escándalo, nos interesa desmontar la corrupción a todos los niveles”, sentenció el mandatario.
A pesar de la confianza en la inteligencia policial, el Presidente trasladó la responsabilidad final al Órgano Judicial. Tras la detención del juez Zeballos, Paz subrayó que «la justicia tiene que demostrar con claridad sus procedimientos». Esta declaración se interpreta como una presión directa hacia un sistema judicial a menudo cuestionado por su porosidad ante el narcotráfico.
Mientras tanto, la defensa de Laura Rojas insiste en que ella es ajena al contenido del galpón y al cargamento de droga. Sin embargo, la conexión documental hallada en la empresa Ebose y el uso del avión privado complican su situación procesal. Para el Gobierno, Rojas es la pieza visible de un esquema mucho más profundo que involucra protección judicial y flujo de capitales ilícitos desde el exterior.
