El Comité de Defensa del Productor (Codepro) declaró estado de emergencia en todas las regiones productivas del país y dio un ultimátum de 72 horas al Gobierno nacional para instalar una mesa de trabajo. La organización exige la “liberación total y definitiva” del mercado de hidrocarburos, la supresión del monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la aprobación de una “Ley Corta de Libre Mercado Energético con Tasa Cero”.
Mediante el Pronunciamiento Público N° 010/2026, los productores advirtieron con iniciar medidas de presión y movilizaciones a escala nacional si el Órgano Ejecutivo no atiende el pliego de peticiones enfocado en desmantelar los trabajos burocráticos y tributarios para la importación privada de carburantes.
La postura asumida por Codepro cuestiona duramente la efectividad del Decreto Supremo N° 5644 —promulgado el pasado 29 de junio— así como las reglamentaciones vigentes emitidas por el Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Según la dirigencia del sector, la normativa actual no representa una apertura real del mercado, puesto que mantiene la obligatoriedad de suscribir contratos previos con YPFB y someterse a tramitaciones complejas ante la ANH. Ante esto, demandan modificar la Ley N° 3058 de Hidrocarburos y reemplazar los permisos anteriores por controles posteriores de calidad y volumen.
En la dimensión económica, la plataforma productiva planteó un paquete de “Alivio Fiscal de Emergencia” para que la internación de diésel, gasolina y petróleo crudo por parte de particulares, empresas o asociaciones cuente con arancel y tasa cero. El proyecto contempla la exención del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el IVA (tanto de importación como de mercado interno), el Impuesto a las Transacciones (IT), el Gravamen Arancelario (GA) y el IUE para la logística distributiva.
Además, los representantes enfatizaron que la crisis energética no se solucionará únicamente con el cambio de autoridades en YPFB, sino erradicando el monopolio estatal para dar paso a la libre competencia.
