La justicia indígena originaria campesina tiene el reconocimiento constitucional desde 2009 y en 13 años de su aplicación se advierte que aún no resguarda los derechos de la mujer ni protege a los ancianos y se subordina a la jurisdicción ordinaria.
Un conversatorio en la Vicepresidencia del Estado sobre el tema, en el marco de la reforma judicial y en atención a las recomendaciones de organismos internacionales, llegó a ese diagnóstico en el evento que se desarrolló ayer en sus instalaciones de La Paz.
La Constitución Política del Estado aprobada en 2009 revaloriza a la justicia indígena y le otorga la misma jerarquía que a la jurisdicción ordinaria.
Sin embargo, observó el secretario General de la Vicepresidencia, Rubén Saavedra, la “justicia originaria aún está sometida y subordinada a lo que es el derecho positivo que se aplica en la jurisdicción ordinaria”.
“Y es importante que nuestro derecho propio avance en consonancia de lo que dice la Constitución”, indicó el funcionario al inicio del conversatorio que impulsan la Organización de Naciones Unidas y el Ministerio de Ministerio de Justicia.
De acuerdo con Saavedra, es un buen momento para evaluar los avances que ha tenido el país en justicia indígena y establecer cuáles son las limitaciones que se han escrito en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
La Ley de Deslinde, aprobada en 2010, “limita excesivamente derechos de las naciones y pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos propios”, advierten organismos internacionales sobre la norma.
De acuerdo con la doctora en derecho constitucional María Elena Attard, quien disertó en el conversatorio, hay desafíos que el Tribunal Constitucional debe asumir porque, en su opinión, “falta avanzar en el tema de violencia hacia la mujer”.
“Es importante ver la situación de la mujer indígena, víctima de la asimetría y desventaja, y desde el ámbito constitucional se debe buscar la equidad”, resaltó.
Luis Salvatierra, de la Defensoría del Pueblo, reveló que en el último año más de 600 casos a nivel nacional se presentaron a la Defensoría sobre jurisdicción indígena.
Salvatierra, en la línea de Attard, señaló que la mayoría de las denuncias guardan relación con los derechos de la mujer y el de las personas mayores.
“Lo que más se vulnera son los derechos de las personas mayores, ya que los quieren obligar a asumir trabajos comunales o ejercer un cargo y si no cumplen su función social les quieren quitar su tierra”, explicó el representante defensorial.
Salvatierra recordó que la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas, garantiza su libre determinación y el derecho a la autonomía.
