La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) expresó su preocupación por las consecuencias que, a su criterio, tendría la eventual ejecución de la sentencia que le ordena pagar cerca de 744 millones de bolivianos a FANCESA. La empresa sostiene que el fallo continúa siendo objeto de revisión en la Justicia Constitucional y afirma que ya fue anulado en una instancia por presuntas irregularidades que, según señala, aún no han sido subsanadas. En ese contexto, considera que una ejecución coactiva de la resolución sería prematura.
La compañía indicó que es uno de los principales actores de la industria cementera del país y advirtió que una medida de esa magnitud podría afectar su liquidez, sus planes de inversión y el normal desarrollo de sus operaciones. Asimismo, recordó que mantiene obligaciones con tenedores de bonos, entidades del sistema financiero, inversionistas y otros participantes del mercado de valores, por lo que considera que el cumplimiento inmediato del fallo podría generar efectos en distintos sectores de la economía.
En su pronunciamiento, SOBOCE también manifestó su preocupación por el precedente jurídico que, según su interpretación, podría establecer la sentencia. La empresa afirmó que la indemnización incorpora el concepto de «daño al proyecto de vida», figura que tradicionalmente ha sido aplicada a personas naturales, y sostuvo que extender ese criterio a una sociedad comercial podría generar inseguridad jurídica y afectar las condiciones para la inversión y el financiamiento internacional en Bolivia.
La empresa señaló que tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y cuestionó lo que calificó como una campaña de presión y desinformación en torno al proceso judicial. Según su versión, estas acciones buscarían influir en las decisiones de las autoridades encargadas de resolver los recursos pendientes y presentar una interpretación distorsionada de los antecedentes del caso ante la opinión pública.
SOBOCE recordó que mantiene un litigio desde hace 16 años relacionado con la expropiación de sus acciones en FANCESA, ocurrida en 2010. La empresa sostiene que el Estado boliviano no cumplió con el pago del justiprecio establecido en el Decreto Supremo N.º 0616 y afirma que ha recurrido de manera permanente a las vías legales para reclamar esa compensación. En ese marco, considera que el proceso impulsado por FANCESA presenta irregularidades que, asegura, ya fueron observadas por la jurisdicción constitucional.
Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con Bolivia y advirtió que una eventual ejecución del fallo podría afectar la confianza de los inversionistas y las perspectivas de reactivación económica del país. Asimismo, convocó a la comunidad jurídica, al sector empresarial, al sistema financiero, a trabajadores, clientes y proveedores a revisar de manera objetiva los antecedentes judiciales del caso y las implicaciones que, según su posición, tendría la consolidación de este precedente.
