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domingo, 7 de julio de 2024
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Suspenden preselección de candidatos a las judiciales por acción de un amparo constitucional

Esta etapa debía concluir este sábado 15 de abril, pero ahora todos los plazos fueron suspendidos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (CLP) informó la noche de este miércoles de la suspensión de la preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta la resolución de un amparo constitucional, dentro del que se emitió una medida cautelar, en contra de este proceso que estaba en curso.

“La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional comunica que en atención a la Medida Cautelar determinada en auto 037/2023 pronunciado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro de una Acción de Amparo Constitucional, los procesos de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura quedan suspendidos desde el momento de la notificación hasta la resolución de la acción”, establece un comunicado de la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

Este trabajo empezó con la aprobación del reglamento y la convocatoria para la preselección de aspirantes. El 29 de marzo empezó la recepción de las postulaciones.

Hasta esta jornada cinco personas presentaron su postulación: Hermes Flores Eguez al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Leopoldo Miguel Escobar Ramos y Porfirio Machado Gisbert al Consejo de la Magistratura; y Cyborg Kanashiro Bronnkss y Vivían Fabiola Torrez Saavedra al Tribunal Constitucional Plurinacional

Esta etapa debía concluir este sábado 15 de abril, pero ahora todos los plazos fueron suspendidos.

No se dio mayores datos sobre las causas que activaron la presentación del amparo constitucional.

El artículo 129 de la Constitución Política del Estado determina que “la Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.