Una severa crisis ambiental azota al departamento de Tarija, donde cinco días consecutivos de incendios forestales ininterrumpidos han devorado más de 5.000 hectáreas de cobertura vegetal, cifra que representa la mitad de toda la superficie afectada durante la gestión 2025 en la región.
La magnitud de la tragedia reactivó una fuerte presión social e institucional sobre el sistema judicial para identificar a los responsables de las quemas provocadas. Desde la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para incorporar la figura de «ecocidio» al Código Penal con condenas de hasta 20 años de prisión, mientras la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) confirmó que se sumará a las denuncias penales activas y alista planes de reforestación para las zonas devastadas.
El informe técnico presentado por el director departamental de la ABT, Gonzalo Rodríguez, precisa que los focos ígneos de mayor gravedad golpearon a las comunidades de Quirusillas y Camarón, arrasando 2.500 hectáreas entre el 16 y el 19 de julio, a las que se suman una cantidad similar de terreno destruido en sectores estratégicos como Erquis Ceibal, Tucumillas, Coimata y Rincón de la Victoria.
Pese al esfuerzo desplegado por brigadistas y bomberos, la emergencia persiste y el sistema SIMVE registra puntos críticos activos en Sella Cercado, Rumicancha y Erquis Sur. Ante el alarmante balance, la ABT anunció que aportará pruebas periciales en cuatro procesos penales abiertos por la Fiscalía contra los promotores del fuego y gestionará fondos mediante Fonabosque para la restauración ambiental.
Paralelamente, el debate político se volcó hacia la debilidad del marco regulatorio actual. El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Marcelo Zenteno, denunció que la Ley 1171 impone multas irrisorias de apenas 100 bolivianos, convirtiendo al castigo en un incentivo perverso para la quema indiscriminada de terrenos. A esta postura se sumó el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, quien descartó el origen natural de los desastres y exigió una investigación exhaustiva mediante una minuta al Órgano Ejecutivo. En la Cámara Baja, la diputada Marina Cachambi planteó la tipificación del «ecocidio» con penas base de 5 a 15 años de cárcel, endureciéndolas hasta los 20 años cuando se ponga en riesgo la biodiversidad, fuentes de agua o reservas protegidas como la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La reincidencia anual de los incendios forestales en los valles y la Chiquitania boliviana expone la falta de capacidad punitiva y preventiva del Estado. La falta de sentencias previas mantiene la impunidad en torno a los chaqueos y desmontes ilegales, reabriendo el debate sobre el uso sustentable de la tierra frente al avance de la frontera agrícola.
