Un violento tiroteo registrado el domingo al interior del penal de máxima seguridad Chonchocoro concluyó con un peligroso miembro del Primer Comando de la Capital (PCC) abatido y tres efectivos de la Policía Boliviana aprehendidos.
El fallecido fue identificado como el ciudadano brasileño Lucas Rosendi Sarabia, quien cumplía una condena de 30 años de prisión y abrió fuego contra otros reos, lo que obligó a una intervención armada de los custodios para neutralizar la amenaza. Tras tomar el control del recinto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía aprehendieron a un teniente y dos sargentos encargados de la seguridad por presuntas omisiones e irregularidades en los protocolos de control que permitieron al interno poseer un arma de fuego y una granada.
De acuerdo con el reporte oficial brindado por el director departamental de la FELCC, coronel Henry Pinto, Rosendi Sarabia irrumpió armado disparando contra los privados de libertad de la celda J9, logrando herir a un interno en el pie derecho.
Ante el peligro inminente de una masacre, los guardias del penal hicieron uso de sus armas de reglamento y abatieron al delincuente.
Posteriormente, personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Hospital de Clínicas. En las requisas posteriores ejecutadas dentro del pabellón, los peritos descubrieron en la celda del fallecido una pistola calibre 9 milímetros y un artefacto explosivo tipo granada, hallazgos que encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de los controles en el recinto.
Como resultado inmediato de las investigaciones, la Fiscalía aperturó un proceso de reconstrucción de hechos e imputación que afecta a seis uniformados en total: tres quedaron aprehendidos y bajo cese de funciones, mientras que otros tres policías que participaron en el tiroteo están siendo investigados bajo los procedimientos de ley aplicados al uso de fuerza letal.
Las autoridades judiciales buscan establecer si existió complicidad o negligencia punible por parte de los funcionarios para facilitar el contrabando del armamento y tomarán declaraciones al resto de los reclusos que presenciaron el cruce de fuego.
