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martes, 5 de noviembre de 2024
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Tribunal analiza objeción de Camacho y Pumari al 90% de las pruebas fiscales en el caso “Golpe I”

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal de La Paz declaró un cuarto intermedio hasta las 08.30 de este viernes en el desarrollo del juicio por los hechos de violencia de 2019 en contra del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico Marco Pumari.

Hasta entonces, los vocales definirán si aceptan o no la petición de Camacho y Pumari de excluir alrededor del 90% de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, informó el subprocurador, Ricardo Condori.

“Hemos avanzado con todo lo que implica la etapa de las exclusiones probatorias que le correspondía, una vez más, a la defensa técnica del señor Camacho, en primera instancia, y luego del señor Pumari. En el caso del señor Camacho, lo que se ha pretendido es excluir casi el 90% de las pruebas establecidas por el Ministerio Público”, indicó.

Los abogados de los acusados presentaron 113 objeciones contra las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, que certificarían que en 2019 “se quebró el orden constitucional en Bolivia”.

Según Condori, las pruebas que involucran a Camacho y Pumari en los delitos por los que se los acusa “están debidamente sustentadas, motivadas porque contienen una pertinencia y utilidad de las mismas y han sido recabadas conforme a procedimiento”.

“El Tribunal no debería, según la visión de la parte acusadora, considerar (el pedido) y debería declarar infundadas los incidentes planteados respecto a las exclusiones probatorias”, manifestó.

Y señaló que, según procedimiento, el Tribunal tendrá que asumir una decisión hasta este viernes, para luego dar paso a las exclusiones probatorias en contra de las evidencias presentadas por el Ministerio de Gobierno.

“Concluido esto, inmediatamente corresponderá la toma de las declaraciones testificales”, dijo Condori.

Pumari y Camacho, entre otros, son acusados por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado y otros delitos por los hechos de violencia que se registraron el año 2019.

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