La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este viernes que el Decreto Supremo N°4492, que establece nuevos límites para la internación y salida de divisas al territorio nacional, despoja de capacidad operativa a quienes se dedican al lavado de dinero.
La autoridad se refirió al tema luego de que el presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora; promulgara dicha normativa como medida de prevención contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; para ello se modificó el Decreto Supremo 29681 de 20 de agosto de 2008.
“En el momento que detenemos (a quienes se dedican al lavado de dinero), les privamos de su libertad; pero no los despojamos de su posibilidad operativa y económica de su patrimonio y, a partir de las cárceles, siguen siendo una amenaza. No estamos haciendo un combate real al delito, estamos persiguiendo a las personas, pero no despojándoles de su capacidad operativa”, dijo.
Ante esa situación, Morales explicó que el Decreto Supremo, promulgado el 22 de abril de 2021, establecerá que la internación y salida física de divisas al y del territorio nacional, por montos de entre $us 10.000 y $us 20.000, o su equivalente en otra moneda, requerirá registro en el formulario del Banco Central de Bolivia (BCB), en el cual deberá consignar, entre otros, datos del origen y destino de los fondos.
La disposición está en concordancia con la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual instruye a los Estados que apliquen medidas en procura de reforzar el control del lavado de dinero, en el marco de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, aplicando para el efecto controles con relación al transporte de efectivo.
Actualmente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT (uno de los grupos regionales del GAFI), viene realizando evaluaciones a los países miembros de la región, la misma consiste en la verificación del cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y el análisis de la efectividad del Sistema de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
