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Urioste posesiona a los nuevos fiscales de distrito con la presencia de Edmand Lara

En un acto protocolar en la sede del Ministerio Público en Sucre, el fiscal general interino José Armando Urioste tomó juramento a las nuevas autoridades regionales, encomendándoles un ejercicio estricto de la Constitución e imparcialidad en sus distritos.

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, tomó juramento y posesionó este lunes a los nuevos fiscales departamentales de los nueve distritos del país.

El acto protocolar, desarrollado en el salón principal de la Fiscalía General en Sucre, contó con la destacada presencia del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, e invitadas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

«Quedan a partir de este momento posesionados en el cargo de fiscales de cada uno de sus distritos para cumplir la encomienda que les está haciendo el pueblo de Bolivia de cumplir a cabalidad la Constitución, las leyes de la República y actuar conforme a la ley», enfatizó Urioste al momento de tomar la promesa de ley a las flamantes autoridades del Ministerio Público.

Durante la ceremonia, la autoridad instruyó la transición inmediata y la entrega formal de despachos, archivos físicos, sistemas digitales y activos institucionales por parte de los fiscales interinos y en suplencia salientes a las direcciones administrativas departamentales.

En representación del pleno de las autoridades posesionadas, el nuevo fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López Rojas, dirigió el discurso de rigor destacando el compromiso de imparcialidad y la urgente tarea de restaurar la confianza ciudadana en la justicia penal. «La autonomía del Ministerio Público debe preservarse con responsabilidad. No es distancia frente a la sociedad ni ausencia de controles, es garantía de que se tomen decisiones sin presiones indebidas y con plena sujeción a la Constitución», afirmó López Rojas, marcando la línea de trabajo frente a los procesos de alta repercusión nacional que radican en las distintas jurisdicciones.

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