El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, afirmó ayer lunes que el Decreto Supremo 5552, que reestructura la Vicepresidencia y transfiere funciones y recursos al Ministerio de la Presidencia, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y anunció que prepara acciones legales para buscar su anulación.
En declaraciones a la prensa en La Paz, Lara sostuvo que la norma es “completamente inconstitucional” y señaló que, tras su aplicación, quedó sin atribuciones administrativas. “Yo no puedo contratar a nadie, no puedo firmar ningún memorándum, no puedo disponer de nada. Prácticamente soy un empleado del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo”, afirmó.
El vicepresidente indicó que la CPE establece de manera expresa las funciones de su cargo y, en ese marco, ratificó que corresponde acudir a acciones constitucionales. También exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional a pronunciarse. “No se está defendiendo a una persona, sino la institucionalidad”, dijo, y cuestionó que el Ejecutivo “gobierne por decretos” y adopte decisiones que, a su criterio, afectan derechos y atribuciones constitucionales.
El Decreto Supremo 5552, que entró en vigencia el 20 de febrero, redefine los alcances operativos de la Vicepresidencia y dispone el traslado de varias de sus unidades al Ministerio de la Presidencia, entre otros cambios administrativos y presupuestarios.
Reacciones en la Asamblea Legislativa
Las observaciones y respaldos al decreto también se reflejaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Desde la oposición, la diputada Lissa Claros (Libre) cuestionó la medida y advirtió que podría sentar precedentes para que otras decisiones se adopten por decreto. Afirmó que, en su criterio, se busca concentrar poder y restar atribuciones a autoridades electas por voto popular.
Desde el PDC, el diputado Daniel Fernández señaló que la ciudadanía eligió a un presidente y un vicepresidente para ejercer funciones definidas por la Constitución y consideró que la norma no estaría respetando ese mandato. Indicó además que legisladores afines a Lara evaluaban el contenido del decreto con asesores jurídicos.
En una postura distinta, el diputado Ricardo Rada, también del PDC pero alineado con el oficialismo, respaldó el decreto y sostuvo que la medida apunta a reducir lo que calificó como un “presupuesto ocioso” en la Vicepresidencia, cuestionando los viajes realizados por Lara al exterior.
A su vez, el diputado de Unidad Alejandro Reyes consideró que el decreto no elimina atribuciones, sino que delimita funciones, y afirmó que el vicepresidente habría descuidado su labor legislativa en la ALP.
(24-02-2026)
