El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, desmintió hoy las versiones sobre una presunta fuga de Evo Morales a México, asegurando que el exmandatario se encuentra refugiado en su bastión del trópico de Cochabamba.
Sin embargo, a pesar de la vigencia de una orden de aprehensión por trata agravada de personas, la captura del líder cocalero parece haberse convertido en un costo político y social que la administración de Rodrigo Paz aún no está dispuesta a pagar.
La incertidumbre sobre Morales creció tras las declaraciones del diputado Edgar Zegarra (Libre), quien denunció un «silencio cómplice» del Ejecutivo y aseguró que el exmandatario ya habría abandonado el país.
El impedimento real para la ejecución de la orden judicial no es el desconocimiento de su ubicación, sino la vigilia permanente en el Chapare. Cientos de cocaleros custodian los posibles accesos al refugio de Morales armados con palos y piedras, prometiendo una resistencia civil que podría derivar en un derramamiento de sangre si la Policía intenta un operativo de extracción.
Para la exdiputada Gladys Quispe, cualquier intento de activar mecanismos internacionales como el «Sello Rojo» de Interpol —solicitado por legisladores de oposición— es una muestra de «desubicación», reforzando la narrativa de que Morales es una víctima de persecución política y no un imputado por delitos de orden común.
Mientras el Presidente se prepara para inaugurar el año escolar en Copacabana y su Vicepresidente ofrece treguas desde Sucre, el «problema Evo» sigue siendo el elefante en la habitación. Ejecutar la orden de captura por el caso de trata de personas (vinculado a una menor con quien presuntamente tuvo un hijo en 2016) validaría la promesa de «imperio de la ley» de Paz, pero arriesgaría un estallido social en el corazón del país.
Por ahora, el Ejecutivo parece optar por el desgaste. Al confirmar que Morales está en el país pero no capturarlo, el Gobierno lo mantiene en una suerte de «prisión territorial» en el Chapare, neutralizando su influencia nacional mientras el sistema judicial espera el momento político oportuno para cerrar el cerco.
