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Senado ordena retirar el busto de Evo Morales de la Asamblea en un plazo de 72 horas

La resolución otorga un plazo de 72 horas para ejecutar la medida y prohíbe terminantemente la futura reinstalación de la escultura en cualquier espacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una resolución que ordena el retiro inmediato del busto del expresidente Evo Morales de las instalaciones del Palacio Legislativo.

Con el respaldo de más de dos tercios de los votos, la Cámara Alta instruyó al Oficial Mayor ejecutar la remoción de la escultura en un plazo máximo de 72 horas.

La medida no solo pone fin a la presencia de la imagen de Morales en el corazón del Poder Legislativo, donde permanecía desde 2011, sino que establece una prohibición explícita para su reingreso o colocación en cualquier dependencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La determinación fue tomada durante la 70.ª Sesión Ordinaria, tras el análisis del informe presentado por la Comisión de Política Social, Educación y Salud. El proyecto de Resolución Camaral N.º 003/2025-2026 fue contundente al facultar al Oficial Mayor, Javier Zárate, para coordinar las acciones logísticas y materiales necesarias para el retiro. Según la lectura del segundo secretario, Julio Romaña, la instrucción es clara: se deben agotar todas las gestiones administrativas para que el busto sea removido y se garantice que ningún espacio legislativo vuelva a albergar la efigie del exmandatario.

La escultura había sido instalada entre los años 2011 y 2012, en el apogeo del poder del Movimiento al Socialismo (MAS). Su retiro en 2026 ocurre en un contexto de profunda fragmentación del partido y en medio de una gestión gubernamental encabezada por Rodrigo Paz que busca marcar una distancia definitiva con el periodo 2006-2019.

El cumplimiento del plazo de 72 horas implica que, para el próximo lunes, el Palacio Legislativo lucirá un nuevo perfil en sus salones protocolares.

El retiro del busto es un mensaje directo a la facción «evista» y un intento de «despartidizar» los espacios públicos del Estado, en línea con la retórica de renovación institucional que el actual Gobierno intenta proyectar hacia la comunidad internacional.