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Rodrigo Paz aclara que el Estado de Excepción “no prohíbe la protesta, pero sí la subversión y el bloqueo”

Durante la presentación de un proyecto hidrocarburífero en Santa Cruz, el jefe de Estado exhortó a la Asamblea a aprobar el DS 5707 y el crédito de $us 1.900 millones del FMI para reactivar el aparato productivo.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, defendió este martes la emisión del Decreto Supremo 5707, que se extiende por 90 días el Estado de Excepción en el país, y advirtió que la norma «no prohíbe la protesta, pero sí la subversión y el bloqueo».

En el marco del acto de presentación del proyecto piloto hidrocarburífero en el pozo Montecristo (MTC-9), en el municipio cruceño de Okinawa 1, el primer mandatario urgió a la Asamblea Legislativa a ratificar la medida de contención de seguridad y viabilizar el crédito de $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Paz justificó la continuidad de la medida excepcional como un resguardo indispensable frente a la conflictividad social e instó a no repetir los episodios de convulsión vividos entre mayo y junio pasados, cuando 53 días de bloqueos causaron un daño económico superior a los $us 3.000 millones, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

«Cuando Bolivia bloquea, el kilo de pollo sube a 30 o 40 bolivianos. Cuando no bloquea, vale 12 o 15 bolivianos. La ideología no te da de comer, te vuelve la comida más cara», sostuvo Paz, vinculando la contención de los conflictos con la «estabilidad» de la canasta familiar.

Asimismo, el Presidente recordó que el respaldo parlamentario al crédito del FMI permitirá destrabar el financiamiento externo, consolidar las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) y sostener programas de ayuda social. En esa línea de apertura económica, anunció que la próxima semana expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la nueva visión del país para atraer inversiones de Europa, Japón y otras naciones sin sesgos ideológicos y bajo «reglas claras», conectando este impulso con la urgencia de reordenar el sistema de seguridad y las instituciones públicas.

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