La Empresa Estatal de Transporte por Cable «Mi Teleférico» aclaró este martes que su operación se sostiene íntegramente con ingresos propios y que no recibe ningún tipo de subsidio económico del Tesoro General de la Nación (TGN) ni del Ministerio de Economía.
El gerente ejecutivo de la firma, Christian Eduardo Rojas, salió al paso de las declaraciones de la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, quien cuestionó los fondos asignados al sistema de transporte paceño afirmando que superan el presupuesto del gobierno departamental cruceño, y explicó la distinción técnica entre patrimonio, presupuesto, flujo de caja y depreciación contable para evitar interpretaciones erróneas sobre el uso de los recursos públicos.
Durante su pronunciamiento, Rojas detalló que ‘Mi Teleférico’ posee un patrimonio de aproximadamente Bs 5.500 millones, el cual está constituido por la infraestructura, torres, estaciones y cabinas que permiten la prestación del servicio en La Paz, El Alto y Oruro.
El funcionario enfatizó que dicho monto no constituye dinero en efectivo ni un presupuesto anual asignado por el Estado, sino el valor físico de los activos públicos. Asimismo, precisó que en la última gestión la empresa registró un superávit operativo de Bs 10 millones de bolivianos mediante el cobro de pasajes, alquiler de espacios comerciales, publicidad y parques, absorbiendo al mismo tiempo un registro de depreciación contable de casi Bs 200 millones anuales calculado sobre una vida útil estimada de 40 años.
En el plano de la responsabilidad social, Rojas resaltó que la empresa pública asume sin ayuda estatal el costo de las tarifas preferenciales dirigidas a estudiantes de 6 a 24 años, adultos mayores y personas con discapacidad, beneficio que hasta la fecha representa una inversión social propia de aproximadamente Bs 220 millones.
Por último, afirmó que, bajo los lineamientos de transparencia y eficiencia promovidos por el Gobierno nacional, se están llevando a cabo auditorías internas y revisiones institucionales exhaustivas para transparentar el estado patrimonial y administrativo de la entidad ante la opinión pública nacional.
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