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Advertencia por ‘incumplimiento de deberes’: Legisladores exigen a Edmand Lara juramentar a Urioste

Tras retornar al país, la segunda autoridad nacional condicionó la juramentación a una consulta jurídica e insinuó un recurso de nulidad, desencadenando duras advertencias parlamentarias de juicios penales y eventual destitución.

La postura asumida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, de congelar la posesión del recién elegido fiscal general interino, José Armando Urioste, desató una intensa repercusión política y legal en el país. Al retornar al país, Lara anunció que no tomará juramento a la nueva autoridad procesal hasta no contar con una consulta jurídica sobre el procedimiento aplicado, en tanto su bancada alista un recurso de nulidad contra la resolución plenaria.

La determinación provocó una inmediata reacción de bancadas de oposición y del oficialismo, donde legisladores de diversas tendencias advirtieron que la negativa configura el delito de incumplimiento de deberes y sugirieron la existencia de supuestos nexos políticos y de encubrimiento entre la segunda autoridad del país y el aprehendido exfiscal Róger Mariaca.

El rechazo de Lara a formalizar el acto protocolar generó una dura respuesta parlamentaria. El senador Branko Marinkovic sostuvo categóricamente que «aquí no hay caprichos, hay un país y hay una necesidad», remarcando que omitir la juramentación acordada por la Asamblea sitúa al Vicepresidente en el terreno del incumplimiento de deberes de función pública.

En el mismo tono, la diputada Catherine Pinto enfatizó que el rol constitucional de Lara es meramente ejecutivo y homologatorio del mandato soberano del pleno. Las críticas escalaron hacia el ámbito penal cuando el diputado Alejandro Reyes sugirió que las reticencias de Lara responden a acuerdos previos con Mariaca, asegurando que si persiste en el bloqueo de la institucionalidad del Ministerio Público «sería el puntapié para promover su remoción del cargo».

La controversia sobre la jura de Urioste ocurre en simultáneo al respaldo y reconocimiento público brindado por el presidente Rodrigo Paz y las directivas de ambas cámaras en la Casa Grande del Pueblo, visibilizando una fisura directa en la cúpula del Órgano Ejecutivo respecto a la conducción de la crisis judicial.