El Gobierno nacional anunció este lunes que solicitará a Estados Unidos la entrega de evidencia e información complementaria que sustente las severas sanciones migratorias emitidas contra 22 ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y el exdirector de la FELCN, coronel Franz Cabrera.
En conferencia de prensa, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y de Economía, Fernando Aramayo, junto al vocero gubernamental José Luis Gálvez, señalaron que las acusaciones de presunta corrupción y facilidades al narcotráfico son asumidas con «absoluta seriedad», por lo que se profundizarán las labores de inteligencia interna e investigaciones a fondo bajo el marco del debido proceso y el respeto a la jurisdicción boliviana.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, enfatizó que si bien Estados Unidos actúa en el ejercicio de sus atribuciones soberanas, el Estado boliviano requiere conocer los fundamentos probatorios para actuar conforme a ley.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que se intensificarán las tareas de inteligencia sobre las autoridades y exfuncionarios mencionados en la nómina estadounidense —incluido al coronel Cabrera, quien realizó misiones previas con la DEA—, asegurando que cualquier acción penal se hará pública una vez que se cuente con «evidencias concretas». Respecto a la continuidad de Mariaca al frente del Ministerio Público, Oviedo recordó que la designación corresponde a la Asamblea Legislativa, instancia constitucional que deberá evaluar cualquier determinación sobre el cargo.
A su turno, el ministro Fernando Aramayo remarcó la total disposición del Órgano Ejecutivo para colaborar con las instancias judiciales y el Poder Legislativo en el esclarecimiento de estos hechos. Las autoridades enfatizaron la necesidad de separar las acusaciones individuales del compromiso estatal en la lucha contra el crimen organizado y la defensa de la democracia, garantizando que todo proceso responderá estrictamente al ordenamiento jurídico institucional del país.




