El exfiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, fue aprehendido la noche de ayer jueves 15 de octubre, en el marco de las investigaciones que involucran al exfiscal general del Estado Roger Mariaca. El caso indaga presuntos vínculos con una estructura investigada por posibles hechos de corrupción y protección al narcotráfico, acusaciones que deberán ser esclarecidas por la justicia.
La aprehensión se produjo durante un operativo policial en un inmueble de la zona de Gran Poder, en la ciudad de La Paz. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron documentación, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían ser incorporados a las pesquisas. Posteriormente, Torrez fue trasladado a dependencias policiales y de la Fiscalía para prestar su declaración informativa.
Al ser abordado por los medios de comunicación, Torrez calificó el procedimiento como “ilegal” y denunció una supuesta persecución política. También negó tener vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y rechazó las acusaciones sobre presuntos cobros irregulares relacionados con Mariaca. Hasta la mañana de este viernes, se esperaba que el Ministerio Público definiera los siguientes pasos procesales y su situación ante un juez cautelar.
Torrez presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal departamental el 2 de octubre, después de la aprehensión de Mariaca y de otras autoridades vinculadas al caso. El exfiscal general cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, mientras que el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fue enviado al penal de El Abra, en Cochabamba.
La investigación también alcanza a otros exfuncionarios. El exfiscal superior Martín Irusta cumple detención preventiva en el penal de Patacamaya y el mayor de Policía Rubén Aparicio fue recluido en Chonchocoro. Asimismo, el exfiscal coordinador de La Paz, Armando Rojas, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, en Oruro, dentro de otro proceso relacionado con la misma investigación.
Las aprehensiones y medidas cautelares forman parte de un proceso que busca establecer si existió una red de protección al narcotráfico dentro de instituciones estatales. La responsabilidad de cada investigado deberá determinarse mediante las pruebas y las decisiones judiciales correspondientes, respetando la presunción de inocencia.
(16-10-2026)
