El alcalde Iván Arias informó este miércoles que la Alcaldía de La Paz ya no procederá al embargo del inmueble de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), después de recibir una nota del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), que pide la exención del pago de impuestos del inmueble ubicado en la Av. 6 de Agosto.
“Senape acaba de mandarnos una solicitud pidiendo la exención de impuestos (a la APDHB) por ser un bien patrimonial y del Estado”, informó el alcalde Arias, a tiempo de señalar que esta solicitud será atendida por la Administradora Tributaria Municipal (ATM) y se dará curso a la misma.
El viernes, la directora de la ATM, Noemí Lastra, comunicó que el inmueble donde funciona la APDHB tiene una deuda impositiva de más de 719 mil bolivianos desde hace 11 años. Por lo que en aplicación de normas del Código Tributario y del Código de Procedimiento Civil, la Alcaldía de La Paz advirtió que procedería al embargo del predio, nombrando un custodio de esta propiedad, hasta que se regularice el pago y el derecho propietario del mismo.
“Con esta solicitud (de Senape) la ATM analiza y por supuesto va a poner que no se tiene ya la deuda porque corresponde, es decir, ya tenemos un documento de respaldo”, dijo Arias al asegurar que ya no cobrará la deuda y que el inmueble “ya no se embarga”. “Nosotros, como Gobierno Municipal por supuesto que vamos a ceder a esta solicitud de eliminación del impuesto”, aseveró.
La nota del Senape pediría que se libere del pago del impuesto a este inmueble, el cual fue cedido en calidad de comodato a la APDHB el año 2002, por medio den una ley promulgada por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Por lo tando, dado que este edificio es patrimonial y cumple una función social de servicio público, la Alcaldía cederá al pedido realizado.
“Mientras un bien inmueble no esté registrado como donación o no esté registrado con un dueño, nosotros tenemos como obligación ver si debe o no de impuestos. Y ese inmueble nosotros le avisamos a la señora Amparo de que ese inmueble primero no está registrado a nombre de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos hasta ahora, y eso que se lo han transferido el año 2002. Segundo que no hicieron el trámite de exención de impuestos y si no hicieron ese trámite nosotros automáticamente tenemos que cobrar ese impuesto y eso pasa por un embargo”, explicó Arias.
