La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, obtuvo un documento de refugio temporal expedido por el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) de Brasil, que le otorga protección legal provisional e impide su extradición o deportación a Bolivia.
De acuerdo con la certificación emitida el 9 de abril de 2026 y difundida por allegados de la exautoridad, la medida mantendrá vigentes sus garantías de no devolución forzada mientras las autoridades brasileñas evalúan la solicitud de fondo. La noticia trasciende de manera paralela al anuncio de Interpol Bolivia sobre la activación de una notificación roja internacional en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito en el marco del desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
Los documentos acreditados por el entorno jurídico de Achacollo incluyen el Registro Nacional Migratorio provisorio vinculado al CONARE y la asignación del registro tributario brasileño (CPF), confirmando que la exministra fijó su residencia en el país vecino desde hace varios meses.
La vigencia de este salvoconducto paraliza temporalmente la efectividad de la orden de captura internacional gestionada por las autoridades judiciales bolivianas, amparándose en el principio de no devolución que rige en la legislación brasileña e internacional para solicitantes de refugio.
El caso ha vuelto a suscitar severas críticas contra el aparato de justicia y los controles fronterizos de Bolivia. La revelación de su trámite en Brasil expuso que las alertas migratorias y las órdenes de aprehensión dentro del territorio nacional se activaron de manera tardía, permitiendo que la exjefa de la cartera de Desarrollo Rural abandonara el país sin ser detectada.
Mientras la causa penal por corrupción se mantiene paralizada respecto a su comparecencia, la Fiscalía boliviana evalúa las vías diplomáticas para impugnar la solicitud de refugio ante los organismos del gobierno brasileño.
Nemesia Achacollo se desempeñó como ministra de Estado y presidenta del directorio del Fondioc entre 2010 y 2015, durante el mandato de Evo Morales. Su gestión quedó marcada por uno de los escándalos de corrupción pública de mayor impacto en la historia reciente de Bolivia, que derivó en la malversación de millones de recursos estatales destinados a proyectos fantasmas para comunidades indígenas. Tras años de dilaciones procesales, detenciones preventivas intermitentes y suspensiones de audiencias, el proceso volvió a reactivarse en los tribunales sin que las medidas cautelares impidieran su salida del territorio nacional.
