La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión en contra del expresidente Juan Evo Morales Ayma, investigado por la presunta comisión de seis delitos graves, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado e instigación pública a delinquir.
La resolución judicial se enmarca en las acciones penales derivadas de los 53 días de bloqueos de carreteras que paralizaron y desabastecieron a diversas regiones del país. El mandamiento, firmado por el fiscal de la Unidad Anticorrupción Brayan A. Melgar Ledezma a instancia del Comité Cívico Pro Santa Cruz y con el respaldo del Ministerio de Gobierno, declara «imprescindible» la comparecencia de Morales, ordenando a la Policía Boliviana su inmediata aprehensión y traslado a dependencias fiscales.
El documento fiscal registrado bajo el CUD 701102012605026 atribuye formalmente al exmandatario los tipos penales de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las acusaciones sostienen que Morales habría liderado e instigado la estrategia de asedio vial que vulneró la seguridad alimentaria, el libre tránsito y la economía nacional durante casi dos meses.
Con la emisión de esta orden, la Fiscalía instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y a las unidades de inteligencia policial coordinar los operativos de localización para conducir al investigado ante la Unidad de Lucha Contra la Corrupción en Santa Cruz. La suma del Ministerio de Gobierno como parte querellante en el proceso consolida la posición del Ejecutivo de llevar la causa hasta la vía cautelar.
Las jornadas de protesta y cercos viales promovidas por sectores afines a Morales paralizaron los principales ejes productivos de Bolivia, generando severas pérdidas en el sector agroindustrial, el autotransporte y el comercio internacional, con especial impacto en el departamento cruceño. La acción penal interpuesta originalmente por la dirigencia cívica cruceña buscaba sancionar las autorías intelectuales del desabastecimiento, escalando hoy a la imputación de delitos contra la seguridad del Estado y orden público tras la acumulación de indicios por parte de la comisión de fiscales.
