El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó este martes la censura del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, tras declararse injustificada su ausencia en la sesión de interpelación sobre gestión monetaria y planificación macroeconómica.
La determinación, anunciada por el presidente de la ALP, Edmand Lara, desencadenó un inmediato choque constitucional dentro de la directiva legislativa: mientras Lara defendió la validez de la votación calculando los dos tercios sobre los asambleístas presentes, el presidente del Senado, Diego Ávila, advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida al remarcar que la Carta Magna exige el respaldo de dos tercios de la totalidad de los miembros (111 votos).
La sesión inició con el tratamiento de una boleta de excusa presentada por el ministro Espinoza para justificar su inasistencia al acto de fiscalización; sin embargo, la representación parlamentaria rechazó la solicitud mediante una votación de 81 contra 43 votos.
Habiéndose desestimado el justificativo, la Asamblea dio paso a la votación del orden del día motivado impulsado por los diputados promotores Ariel Emel Checa, Mauricio Alejandro Taboada, Felipe Daza y otros legisladores, derivando en la aprobación del instrumento de censura y la posterior orden de remisión de la resolución al Órgano Ejecutivo.
El trasfondo político de la interpelación estuvo marcado por el abierto enfrentamiento público entre el vicepresidente Edmand Lara y el ministro Espinoza, raíz de una denuncia penal planteada por el segundo mandatario por la presunta adquisición irregular de una vagoneta Audi Q4 e-tron para el despacho ministerial.
Durante las intervenciones previas al cómputo, Lara cuestionó con dureza las faltas registradas en las bancadas, a tiempo de sostener la legitimidad del quórum reglamentario para consumar la censura, mientras que los sectores críticos al procedimiento hicieron notar la vulneración del procedimiento legislativo respecto a las mayorías cualificadas fijadas por la normativa suprema.
