La Central Obrera Boliviana (COB) denunció el domingo la detención de cinco altos miembros de su Comité Ejecutivo Nacional en la urbe de El Alto. El operativo, ejecutado de «manera violenta» en el neurálgico cruce de Villa Adela, habría sido perpetrado por efectivos policiales que mantenían sus rostros cubiertos con capuchas y que llegaron a arrojar gas lacrimógeno al interior del motorizado donde se trasladaban los representantes laborales.
El incidente gatilló la inmediata movilización del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien se trasladó personalmente hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para exigir el respeto a las garantías constitucionales.
De acuerdo con una publicación oficial difundida por la COB a través de su cuenta de Facebook, los dirigentes capturados corresponden a las principales carteras y sectores de la organización obrera: Limber Onofre (sector constructor), Patricia Sánchez (Magisterio Urbano), Hever Bravo (sector Fabril), Sergio Onofre (sector Universitario) y Eleuterio Mamani (sector Minero).
Los reportes preliminares indican que el vehículo de la dirigencia fue interceptado en plena vía pública, desatando alarma entre los transeúntes debido al uso de agentes químicos en un espacio cerrado y a la negativa de los uniformados de identificarse ante los ciudadanos.
La irregularidad motivó la reacción del vicepresidente Edmand Lara, quien cuestionó abiertamente la legalidad del operativo tras examinar el material audiovisual que circuló profusamente en redes sociales y medios de comunicación. “Me ha llamado la atención que policías, supuestos policías con el rostro cubierto, habrían ejecutado detenciones”, declaró la segunda autoridad del país.
Además, hizo hincapié en la gravedad de los videos donde se observa a personas atrapadas pidiendo auxilio debido al efecto asfixiante del gas lacrimógeno disparado dentro del habitáculo vehicular. Ante este escenario de presunto abuso de poder, Lara conminó a las autoridades policiales a certificar de forma inmediata si los agentes intervinientes contaban con una orden de aprehensión formal emanada por un juez o fiscal competente, o si, por el contrario, pretendían justificar la acción bajo la figura legal de flagrancia. Además, subrayó que su sorpresiva inspección a las celdas policiales buscaba fiscalizar de forma estricta que todas las actuaciones e investigaciones penales se desarrollen “en el marco del respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso”.
