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Datos de YPFB y la ANH señalan que solo el 19,7% del transporte público usa diésel de forma exclusiva

Con base en registros actualizados de YPFB y la ANH sobre un total de 202.182 vehículos del servicio público, las autoridades sostienen que la mayoría opera con gasolina, GNV o sistemas combinados, justificando el fin del costo fiscal de $us 2.600 millones anuales.

El Gobierno nacional respaldó este martes la eliminación de la subvención al diésel mediante la difusión de datos estadísticos oficiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los cuales revelan que el 80,3% del parque automotor del servicio público opera con gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV) o un sistema combinado.

La información técnica es utilizada por el Ejecutivo para sostener que el impacto directo de la nivelación tarifaria a Bs 17,95 el litro (fijada por el Decreto Supremo 5716) no afecta de forma homogénea a la totalidad del transporte público de pasajeros, al tiempo que califica el antiguo esquema de subsidio como regresivo e insostenible para las finanzas del Estado.

Según el desglose de los datos oficiales, el parque del transporte público en Bolivia asciende a 202.182 unidades en 2026. De este universo, apenas 39.880 motorizados (el 19,7%) dependen de forma exclusiva del diésel, mientras que 67.815 funcionan a gasolina, 29.290 únicamente con GNV y 65.197 combinan GNV y gasolina.

El reporte destaca además que 94.487 vehículos, el 46,7% del parque público, ya cuentan con la infraestructura para operar con gas vehicular, lo que refuerza la estrategia del Ministerio de Hidrocarburos para masificar la conversión gratuita de motores y amortiguar los costos operativos del sector urbano.

Complementando el argumento fiscal, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, enfatizó que el anterior esquema de subsidio de $us 55 millones semanales ($us 2.600 millones al año) presentaba una marcada distorsión distributiva, donde más del 50% del beneficio estatal terminaba en sectores de ingresos altos y apenas un 7% llegaba a los hogares de menores recursos.

Asimismo, desde el Ejecutivo se remarcó que el 93,7% del parque automotor del país (2,5 millones de unidades sobre un total de 2,67 millones a multas de 2025) corresponde a vehículos particulares, por lo que el gasto público no estaba concentrado en las actividades productivas esenciales.

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