Un juez determinó la tarde del jueves la liberación de los 12 representantes fabriles que habían sido aprehendidos el miércoles durante la toma simbólica del Ministerio de Trabajo. Aunque los dirigentes abandonaron las dependencias policiales, el Ministerio Público confirmó que el proceso de investigación continúa bajo los cargos de allanamiento y privación de libertad.
La Central Obrera Boliviana (COB), que se mantuvo movilizada exigiendo la libertad de sus bases, celebró la medida, mientras que los afectados denunciaron que el operativo policial fue el resultado de una emboscada planificada por el Ejecutivo.
El abogado defensor, Marcelo Cantuta, argumentó ante la autoridad judicial que la denuncia carecía de asidero legal, sosteniendo que los dirigentes no irrumpieron de forma violenta, sino que acudieron a las instalaciones bajo una invitación escrita para una mesa de diálogo.
Esta versión fue respaldada por uno de los liberados, quien relató que el Gobierno les tendió una «trampa» al convocarlos a una reunión de coordinación para luego ordenar la intervención de los efectivos policiales.
El dirigente enfatizó que en ningún momento se retuvo a los funcionarios ministeriales, ya que los movilizados permanecían concentrados en el tercer piso del edificio.
Pese a la liberación, la fiscalía mantiene abierta la causa para determinar si existió dolo en la ocupación de las oficinas públicas. Los fabriles habían sido capturados en un operativo que incluyó el uso de gases lacrimógenos y que generó el rechazo unánime del bloque obrero.
Por su parte, la dirigencia sindical advirtió que, aunque sus compañeros están libres, el estado de apronte se mantiene, pues consideran que la detención fue un acto de intimidación política destinado a frenar las demandas del pliego petitorio nacional y la exigencia de renuncia del ministro Edgar Morales.
