El Ministerio de Gobierno denunció formalmente este viernes que el expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, abandonó el territorio nacional de manera irregular.
Según el comunicado oficial, Akly Flores habría vulnerado la Ley 1352, la cual impone a las altas autoridades del nivel central del Estado la obligación de permanecer en el país durante al menos seis meses tras concluir sus funciones para responder a procesos de fiscalización y rendición de cuentas. Ante la gravedad del hecho, el Ejecutivo instruyó a la Dirección General de Migración iniciar una investigación inmediata para identificar responsabilidades entre los funcionarios que pudieron omitir o facilitar su salida.
El Gobierno sostiene que la normativa de permanencia obligatoria es fundamental para garantizar que exautoridades enfrenten eventuales auditorías o investigaciones administrativas derivadas de su gestión.
«No toleraremos ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias», advirtió el Ministerio, asegurando que se aplicará el máximo rigor de la ley contra quienes resulten responsables de esta vulneración a los controles estatales.
La Ley 1352, citada en la denuncia, tiene como objetivo central evitar que exfuncionarios eludan sus responsabilidades legales antes de concluir los periodos de fiscalización. Sin embargo, la salida del exjefe de YPFB abre interrogantes sobre la eficacia de la vigilancia migratoria en un momento en que el Gobierno busca proyectar transparencia y control institucional.
La investigación buscará determinar si existió una falla técnica o un acto deliberado de protección que permitió al exejecutivo cruzar las fronteras bolivianas a pesar de las restricciones vigentes para su cargo.
