El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre el agravamiento de la situación de conflictividad, respecto a las elecciones judiciales y los bloqueos de caminos instalados en el país, cuyos efectos vulneran los derechos humanos de la población.
“Queremos alertar sobre un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país que está afectando los derechos del pueblo boliviano, no solo de los actores que están en los bloqueos. (Por ello) Exigimos al Estado y los actores políticos involucrados a que agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”, dijo el jueves el Defensor del Pueblo.
Las declaraciones de la autoridad defensorial surgieron tras la presentación del reporte del “Balance” de los efectos de los bloqueos y las acciones de la Defensoría del Pueblo, a través de operadores defensoriales de las 21 oficinas desplegados en distintos puntos de bloqueo para evidenciar el grado de afectación a la población.
Además, Callisaya aseguró que tras los verificativos que se desarrollaron a gasolineras y estaciones de provisión de combustible, mercados, aeropuertos, terminales terrestres y puntos de bloqueo, se observó la “escasez de gasolina, carencia y elevación de precio en ciertos productos de consumo, las terminales terrestres no tienen control de precios, aeropuertos abarrotados de pasajeros en busca de vuelos solidarios y una limitación de los derechos de las personas que están varadas en las carreteras”.
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Y respecto a la vulneración de derechos, el Defensor explicó que, producto del “uso excesivo de la fuerza” en las intervenciones policiales en Caracollo (Oruro), tres movilizados sufrieron lesiones de consideración; y en Chullpa Ck’asa (Potosí). Donde detuvieron a un adolescente y una persona adulta mayor.
Asimismo, la defensoría habría visibilizado la situación de policías que resultan heridos en las intervenciones y los enfrentamientos producidos entre grupos confrontados; episodios de hostigamiento a familiares de autoridades judiciales, como el caso de la ciudadana Karen Gallardo, cuestionada por su cargo; hechos de violencia contra dirigentes de organizaciones sociales; y las muertes de personas, víctimas colaterales de los efectos de los bloqueos, así como la incorporación de nuevos actores al panorama de conflicto.
“Es imperativo que el Estado y los involucrados en esta conflictividad resuelvan esta situación (…) no equivoquen el mensaje al pueblo boliviano, tienen la obligación de dar certidumbre a la población”, manifestó.
