Este martes, el diputado de Unidad, Alejandro Reyes, presentó una minuta de comunicación dirigida al Órgano Ejecutivo en la que solicita la anulación de la resolución administrativa que impide a los policías portar sus armas de reglamento en la contención de disturbios civiles, argumentando que la normativa vigente ha dejado desprotegidos a los uniformados frente a clanes criminales que emplean armamento real y artefactos explosivos de alta potencia.
La iniciativa parlamentaria plantea la abrogación y anulación total de la Circular 0047 de la gestión 2025, un instructivo interno que prohíbe a los contingentes policiales el empleo y la portación de armas de fuego letales durante la ejecución de operativos de desbloqueo de carreteras o control de disturbios urbanos.
Reyes justificó su pedido señalando que el transcurso de los 50 días de bloqueos desnudó una asimetría táctica inaceptable.
Los funcionarios del orden público se vieron obligados a intervenir zonas de alta hostilidad en una situación de extrema vulnerabilidad, quedando expuestos a emboscadas perpetradas por los mismo bloqueadores, quienes atacaron a las fuerzas del orden con dinamita, fusiles de asalto y armamento de caza convencional.
“Nuestra Policía está prácticamente haciéndole frente a los criminales y a organizaciones delictivas organizadas solamente con gases lacrimógenos y con sus chalecos antibalas, convirtiéndose en blancos fijos”, afirmó Reyes, tras afirmar que dicha restricción operativa es “inadmisible” para la seguridad interior del Estado.
Según el criterio legal expuesto por el diputado nacional, la vigencia de la circular 0047 contraviene los propios manuales de procedimiento orgánico de la institución verde olivo y degrada a los uniformados al estatus de “carne de cañón”, impidiéndoles ejercer el principio universal de la respuesta proporcional ante ataques inminentemente letales.
