El equipo jurídico de la Vicepresidencia formalizó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el consultor argentino Fernando Cerimedo y la primera dama, María Elena Urquidi.
La acción legal contempla la presunta comisión de seis delitos graves vinculados a esquemas de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, fundamentándose en un nuevo paquete de grabaciones de audio que revelarían la manipulación de decisiones gubernamentales y cambios dentro del Alto Mando de la Policía Boliviana.
La querella presentada por la representación legal del vicepresidente Edmand Lara incluye los tipos penales de tráfico de influencias con agravante, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Como elemento de convicción central, se adjuntó un soporte magnético en el que se escucha debatir sobre la destitución del excomandante policial Mirko Sokol y se alude a autoridades del Ejecutivo mediante apelativos como “Tuco Oviedo”, “Lupo”, “Paredes” y un investigado identificado como “Miguelito”.
Durante la conferencia de prensa de presentación de los obrados, el vicepresidente Lara solicitó formalmente a la Fiscalía que ordene una pericia fonética forense especializada a cargo del IDIF para certificar la autenticidad del material sonoro y la correspondencia de las voces.
«Será la Fiscalía, con la pericia correspondiente, la que determina la autenticidad de las voces y los alcances de este caso», sentenció Lara, remarcando que el Estado no puede tolerar la injerencia de asesores extranjeros ni el uso de influencias en la conducción de la administración pública.
