El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública este lunes una lista de restricciones y revocatorias de visados dirigida a 22 ciudadanos bolivianos, encabezada por el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca Montenegro.
La administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio sancionó a Mariaca por la Sección 7031(c), acusándolo directamente de haber «solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia». La medida, adoptada a seis días de que Bolivia firmara en Nueva York su adhesión al programa regional «Escudo de las Américas», alcanza de manera inmediata al Fiscal General, así como a un grupo de 12 autoridades judiciales, fiscales y excolaboradores del Ejecutivo, incluyendo al exministro de Justicia Iván Lima Magne y al fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
De acuerdo con el comunicado divulgado por la Embajada de Estados Unidos, las sanciones responden al compromiso multinacional de «proteger las instituciones democráticas y combatir el narcoterrorismo» en la región.
Entre las figuras con visas revocadas figuran también el magistrado constitucional Israel Campero Méndez, la juez anticorrupción Albania Caballero, el fiscal superior Martín Irusta, el expresidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, y el coronel policial Frans Cabrera Quispe, además de otros nueve ciudadanos declarados inelegibles de forma preventiva. Washington sostuvo que la presencia de estas personalidades representa una amenaza directa a la seguridad e integridad del hemisferio, remarcando que «los funcionarios corruptos y los criminales a quienes protegen no son bienvenidos en Estados Unidos».
El golpe diplomático a la cabeza del Ministerio Público sacudió los cimientos del sistema judicial boliviano en escasos días de la cumbre en la que el presidente Rodrigo Paz suscribió los pilares de cooperación económica y de seguridad contra carteles como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).




