La carrera hacia las elecciones subnacionales de marzo ha entrado en una fase de alta beligerancia legal y política. Tras la fulminante decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cancelar la personería jurídica de Unión Cívica Solidaridad (UCS), el candidato inhabilitado a la Gobernación de La Paz, Rafael ‘Tata’ Quispe, ha lanzado una ofensiva frontal contra el organismo, advirtiendo que el presidente del TSE, Gustavo Ávila, terminará sus días en prisión.
La resolución de la Sala Plena no solo deja fuera de combate al partido liderado por Jhonny Fernández, sino que bloquea cualquier posibilidad de que sus candidatos —incluyendo a Quispe— migren a otras siglas, provocando un vacío de representación que el exdiputado califica como una «violación flagrante» a los derechos humanos.
Fiel a su estilo directo y confrontacional, Quispe utilizó la figura de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para graficar el destino que, según él, le aguarda a Ávila por haber coartado el derecho a elegir y ser elegidos.
“Te voy a ver en Chonchocoro como lo he visto a Luis Arce. Ahí vas a estar tú y yo voy a estar afuera”, sentenció el dirigente, trazando un paralelismo entre el actual titular del TSE y las exautoridades del anterior gobierno que hoy enfrentan la justicia.
Además, Quispe anunció que agotará primero las instancias internas mediante un amparo constitucional. Y si la justicia boliviana falla en su contra, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para hacer valer sus derechos.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral ha respondido con un inusual tono de firmeza. En un pronunciamiento oficial, la Sala Plena defendió la legalidad de la cancelación de la personería de UCS, argumentando que la resolución está debidamente fundamentada en el incumplimiento de normativas electorales vigentes.
Asimismo, Gustavo Ávila, en su calidad de presidente del ente, exhortó a los actores políticos a actuar con «responsabilidad» y advirtió que no permitirán que la presión callejera o las amenazas personales tuerzan las decisiones del órgano independiente. Incluso, Ávila no descartó acudir él mismo a instancias judiciales para «defender sus derechos» ante el asedio retórico de los candidatos afectados.
La inhabilitación en bloque de UCS beneficia, en teoría, a los candidatos alineados con el frente oficialista de Rodrigo Paz y a los sectores más radicales de la oposición que logren captar el voto «huérfano» de Quispe en La Paz y de Fernández en Santa Cruz.
