El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, formalizó una denuncia penal por un daño económico que supera los Bs 95 millones en la Caja Nacional de Salud (CNS).
De acuerdo con las investigaciones y auditorías estatales, los recursos fueron desviados durante la gestión 2023 mediante la emisión irregular de cheques a nombre de funcionarios bajo la figura de «fondos en avance», procedimiento legalmente restringido a gastos menores o emergencias que, en este caso, se habrían utilizado para simular la compra de insumos y medicamentos.
Durante una conferencia de prensa en La Paz, García calificó de inadmisible el uso del mecanismo para contrataciones de gran escala y detalló que uno de los implicados, Constantino Carlos Colque Guarachi, recibió personalmente dos cheques que sumaban más de Bs 42 millones.
«Existe una compra aparente, pero no existe la verificación física de que se hayan adquirido esos medicamentos e insumos, lo cual nos lleva a presumir que se habrían generado montajes de procedimientos de contratación para beneficiar económicamente» , aseveró la autoridad. Ante el antecedente de que una primera querella sobre este hecho fue rechazada por un fiscal en el pasado, el Viceministerio solicitó la intervención inmediata de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para congelar cuentas y congelar el rastreo de los fondos.
La acción penal fue dirigida contra exmiembros del directorio de la entidad aseguradora y cuatro funcionarios que actuaron como receptores directos de los cheques millonarios. El informe de la Contraloría General del Estado ratificó que en 2023 no existía ninguna declaratoria de desastre ni urgencia institucional que justificara prescindir de las licitaciones públicas de la Ley 1178 (SAFCO), por lo que Transparencia pidió mandamientos de aprehensión e imputaciones procesales por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.
