Desafiando de forma directa el orden institucional y el mando natural de las fuerzas del orden, las seis federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba cercaron e ingresaron a las instalaciones de la Novena División de Ejército. Los manifestantes afines a Evo Morales ejecutaron una «inspección» forzosa de las oficinas y viviendas del recinto militar y, tras salir del predio, anunciaron que mantendrán una vigilia permanente en las puertas del cuartel.
La dirigencia cocalera lanzó una advertencia explícita al comandante del centro militar, notificándole que las bases del Chapare no aceptarán ni acatarán el Estado de Excepción sectorizado que evalúa dictar el Órgano Ejecutivo, asegurando haber arrancado un compromiso para que ningún soldado salga a desbloquear las rutas.
La movilización hacia el cuartel militar se reactivó ante rumores que circulaban sobre la supuesta presencia de «agentes extranjeros» que pretendían ejecutar la orden de aprehensión penal ordinaria que pesa sobre Evo Morales Ayma.
Los cocaleros arribaron en caravanas de vehículos, presionando en las puertas del complejo militar hasta lograr que una comitiva civil ingresara al recinto. Durante más de dos horas, los delegados sindicales revisaron las dependencias castrenses para descartar personal ajeno a la unidad militar. Al salir, los portavoces advirtieron que si las Fuerzas Armadas rompen el supuesto pacto de neutralidad territorial, la dirigencia no asumirá responsabilidad por las consecuencias físicas o los destrozos, anticipando un rebase total por parte de sus bases.
El control fáctico ejercido por los sindicatos del Trópico sobre la Novena División constituye la prolongación de un blindaje territorial que se arrastra desde los incidentes del 27 de octubre de 2024, fecha en la que Morales denunció un presunto atentado en su contra. Desde entonces, el exmandatario permanece recluido en la zona, limitando sus desplazamientos al área de influencia directa de las federaciones del Chapare para eludir a la justicia por el caso de trata y tráfico de menores.
Mientras un ala radical sostiene este cordón de seguridad armada en Cochabamba, otra fracción de la base cocalera se encuentra desplegada en la sede de Gobierno, unificada en las marchas de la Central Obrera Boliviana (COB) que exigen la renuncia de Rodrigo Paz.
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