La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) se vio obligada a asumir medidas extremas de contingencia. Este viernes el directorio de la emblemática cementera de Chuquisaca oficializó la declaración de una vacación colectiva obligatoria para todo su personal no imprescindible, tras registrar una pérdida acumulada e irreversible que asciende a los 70 millones de bolivianos.
De forma paralela a la paralización parcial de la planta, la corporación activó querellas penales en los tribunales ordinarios contra los cabecillas de los bloqueos carreteros.
El presidente del directorio de Fancesa, Guido Calvo, desveló ante los micrófonos de Correo del Sur Radio la inviabilidad financiera de sostener las operaciones regulares bajo el actual escenario de asfixia logística.
Calvo detalló que la medida administrativa afecta de forma directa al área productiva de la planta y que el equipo de ingenieros evalúa de forma técnica el inminente e histórico apagado de uno de sus principales hornos industriales de clínker. La drástica decisión se fundamenta en la saturación de los silos de almacenamiento, provocada por la imposibilidad de trasladar el cemento hacia los centros de consumo del país.
La autoridad empresarial explicó que desde el estallido de las protestas, la gerencia de Fancesa intentó amortiguar el golpe mediante severas medidas de austeridad y restringiendo el flujo de caja únicamente a pagos operativos de carácter prioritario. No obstante, la situación se tornó insostenible para los balances contables debido a que el 70% de la producción de la cementera se encuentra indexada al mercado nacional, principalmente al eje troncal, plazas comerciales que hoy se encuentran completamente inaccesibles para las flotas de camiones repartidores por los bloqueos en la red vial fundamental.
Con esta determinación de emergencia, Fancesa pasa a encabezar de forma dramática la lista de las grandes industrias nacionales que se han visto forzadas a congelar sus actividades productivas y licenciar a sus planillas obreras debido al desabastecimiento de insumos y materias primas.
Ante este panorama de quiebra técnica inducida, los servicios jurídicos de la cementera formalizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, exigiendo la identificación y sanción de los instigadores de los bloqueos bajo los cargos de atentado contra la libertad de trabajo y daños civiles al patrimonio empresarial.
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