La Fiscalía Departamental de Tarija ratificó la acusación penal y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas.
La determinación fue confirmada este martes en La Paz por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien precisó que la comisión especial de fiscales rechazó un memorial de desistimiento presentado por la presunta víctima, Cindy Saraí Vargas, para extinguir el proceso.
Con esta resolución fiscal, la justicia boliviana mantiene firme la vía del juicio oral contra el exmandatario, dejando bajo exclusiva responsabilidad de la Policía Boliviana la ejecución del mandamiento de aprehensión para obligarlo a comparecer ante los tribunales.
El caso cobró un nuevo giro procesal luego de que la defensa de Cindy Saraí Vargas, señalada como la víctima directa del hecho, presentara un recurso legal solicitando el retiro formal de la acusación. Vargas argumentó en su memorial que no se habían considerado sus criterios dentro de la etapa de investigación y de salvaguarda, aseverando además que no existía materia delictiva en los sucesos bajo investigación. Sin embargo, tras una valoración técnica, la comisión de fiscales determinó que el Ministerio Público debe actuar de oficio dada la gravedad y la naturaleza del ilícito, por lo que el fiscal departamental tarijeño ratificó la vigencia plena de la causa.
Asimismo, Mariaca puntualizó que el proceso ha cumplido con los requerimientos de la etapa preparatoria, restando únicamente la instalación de las audiencias del juicio de fondo. Respecto a la resistencia de Morales a presentarse ante los estrados jurisdiccionales, la máxima autoridad del Ministerio Público deslindó responsabilidades operativas, recordando que los requerimientos fiscales de captura ya fueron remitidos formalmente a las instancias del orden público.
«La orden de aprehensión está vigente y es trabajo netamente de la Policía Boliviana el poder ejecutarla», enfatizó Mariaca durante su contacto con los medios de comunicación.
La investigación contra el líder cocalero se remonta a las denuncias de una presunta relación de estupro y explotación que Morales habría sostenido con una menor de edad durante el ejercicio de sus funciones presidenciales. El proceso penal ha estado marcado por una intensa confrontación política y judicial. Morales permanece refugiado en su bastión del Trópico de Cochabamba, resguardado de forma permanente por las bases de las federaciones de productores de hoja de coca, quienes rechazan los cargos y catalogan la orden de detención como un intento de persecución política instrumentado por la administración de Rodrigo Paz.
