El fiscal Johan Muñoz reveló este viernes que, tras las investigaciones realizadas, se detectó que las abogadas aprehendidas e identificadas como Carmen R. S. M., y Marlene P. H. eran las encargadas de captar a delincuentes con sentencias condenatorias, con el objetivo de que un consorcio de juristas, jueces y fiscales los liberen a cambio de altas sumas económicas. Incluso existirían indicios de la participación de policías.
Explicó que la investigación está en la etapa preliminar y que por ahora no se puede constatar quiénes serían los cabecillas de este consorcio; pero, detectaron que los investigados, entre abogados y fiscales, trabajaron en el Juzgado de Ejecución Penal Primero como auxiliares o pasantes, por lo que llegaron a entablar una relación con el juez Rafael Alcón acusado de liberar al feminicida serial.
“Se tiene acreditado que, por ahora, había dos abogadas que captaban personas que se encontraban con detenciones preventivas y sentencias ejecutoriadas, las cuales solicitaban, no solamente, al juez que se encuentra detenido, salidas en beneficios de personas que tenían sentencias condenatorias”, informó el fiscal Muñoz.
“Evidentemente, existía un consorcio de jueces, fiscales, abogados y hasta policías, posiblemente. (…) Carmen R. S. M., y Marlene P. H. han empezado a realizar solicitudes de detención domiciliaria de personas que tenían sentencias condenatorias que no tenían derecho a indulto por ser delitos graves”, detalló.
La Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de las abogadas involucradas y secuestraron documentación, carpetas de diversos procesos de ejecución penal. Presuntamente estas juristas utilizaban el mismo procedimiento y, con ayuda del doctor Freddy Torrejón, presentaban certificados médicos alegando que los privados de libertad tenían enfermedades graves para así, obtener una detención domiciliaria con la ayuda del juez Alcón y otros.
Muñoz aseveró que se revisará a detalle cada expediente para identificar a otros posibles coautores, partícipes y encubridores.
