En el inicio del juicio oral en Tarija, el fiscal departamental José Ernesto Mogro anunció que el Ministerio Público solicitará la pena máxima de 20 años de presidio contra el expresidente Evo Morales.
La petición responde a la acusación por el delito de trata de personas con la agravante de que la víctima era menor de edad al momento de los hechos. Tras la inasistencia de Morales y la coacusada Idelsa Pozo (madre de la joven), el Tribunal Primero de Sentencia los declaró en rebeldía, activando de inmediato el arraigo nacional y un nuevo mandamiento de aprehensión que debe ser ejecutado por la Policía Boliviana.
La Fiscalía ha estructurado un caso sólido que cuenta con más de 140 pruebas documentales y el testimonio previsto de alrededor de 50 testigos.
Mogro explicó que, aunque la joven involucrada presentó un memorial alegando la inexistencia del delito, el Estado tiene la obligación y la facultad de proseguir con la acción penal de oficio al tratarse de un caso que afecta los derechos de una entonces adolescente.
La acusación sostiene que Morales mantuvo una relación con la menor durante su ejercicio presidencial, derivando en la procreación de una hija, hecho que constituye el núcleo de la investigación por trata agravada.
Respecto a la ejecución de la justicia, el Fiscal Departamental fue enfático al señalar que el arraigo ya ha sido notificado a las autoridades migratorias para evitar cualquier intento de salida del país por parte de los acusados.
No obstante, la aprehensión física de Morales queda supeditada a los operativos que la Fuerza Pública decida realizar, especialmente considerando que el exmandatario se encuentra resguardado en el Trópico de Cochabamba por sus bases sindicales. El juicio, por norma procesal, ha quedado en suspenso hasta que los rebeldes sean puestos a derecho o capturados.
