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Gobierno aún evalúa el cierre de empresas públicas deficitarias al amparo del Decreto 5727

Tras concluir el diagnóstico financiero de 67 entidades estatales, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública fundamenta la disolución o reestructuración de las unidades con patrimonio quebrado.

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) confirmó que al menos 20 empresas públicas acumulan pérdidas superiores al valor total de su patrimonio.

Por lo mismo, el director de la entidad, Pablo Camacho, detalló que se han iniciado reuniones de coordinación con siete ministerios para evaluar los informes financieros de las 67 empresas analizadas y aplicar los mecanismos de reorganización, disolución o liquidación previstos en el Decreto Supremo 5727 de septiembre pasado.

Camacho remarcó que las 20 compañías identificadas se encuentran en una situación de «criticidad alta», al registrar un patrimonio técnico negativo debido a quebrantos financieros arrastrados por años. Entre los casos más dramáticos citados por la autoridad figura la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), dependiente del Ministerio de Defensa, la cual carece por completo de embarcaciones para cumplir sus funciones sustantivas y subsiste únicamente del alquiler de dos pisos de un inmueble, arrastrando además las secuelas del fallido contrato de $us 28,9 millones firmado entre 2009 y 2011 para la compra de empujadores y barcazas que nunca operaron en el país.

El diagnóstico de la OFEP se sustenta en informes previos sobre la gestión pública que revelaron que tan solo un grupo de 15 empresas estatales llegó a sumar pérdidas acumuladas por Bs 5.177 millones, dentro de un déficit global del sistema empresarial público de Bs 12.742 millones al 2025.

En este desglose figuran firmas como Mi Teleférico (con Bs 2. 039,2 millones de pérdidas acumuladas), Yacimientos de Litio Bolivianos (Bs 527,7 millones), Boliviana de Aviación (Bs 485,9 millones), Metalúrgica Karachipampa (Bs 473,1 millones) y Quipus (Bs 116,1 millones).

Con el aval del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep), los ministerios cabeza de sector tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar los proyectos normativos de cierre o reestructuración, estableciendo liquidadores y deslindando responsabilidades penales y administrativas a exfuncionarios.

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