Los productores agropecuarios del país, reunidos en un congreso extraordinario en el municipio de Warnes, fijaron un ultimátum al Gobierno hasta este domingo para abrogar el Decreto Supremo 5676, bajo la advertencia de impulsar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.
Casi en simultáneo el presidente Rodrigo Paz descartó la anulación de la medida, afirmando ante los gobiernos municipales que «el decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder».
El titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó al término del encuentro que si la norma no es retirada antes del lunes, la dirigencia acudirá formalmente al Comité pro Santa Cruz para activar los mecanismos de presión institucional.
Frerking remarcó que el encarecimiento del combustible asfixia los costos de producción y alimenta la especulación en el mercado. «No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo que nos dejen trabajar. La única forma de salir de esta crisis es trabajando», enfatizó al exigir mayor flexibilidad en la importación directa.
En contraposición, el presidente Paz expuso la gravedad del escenario fiscal durante una reunión con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia). El Jefe de Estado argumentó que tanto el nivel central como los municipios y gobernaciones están «quebrados», por lo que dar un paso atrás significaría privar de recursos a la salud, educación e infraestructura pública para financiar un subsidio deficitario.
«Cuando en contabilidad entran 1.000 no pueden salir 1.500. Si retrocedo en ese decreto, les voy a quitar plata a ustedes. Vienen meses complicados y hay que encararlos con la verdad», replicó el mandatario ante las autoridades ediles.
La postura del primer mandatario complementa lo expresado por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien ratificó en la misma cumbre municipal que la liberación gradual de los combustibles responde a un condicionamiento directo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar financiamiento externo al país.
Mientras tanto, en un intento por canalizar el descontento social, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que el Ejecutivo desactivó el paro del sector de transporte en cisternas tras lograr un acuerdo financiero, comprometiéndose a convocar a una mesa de concertación con los productores agropecuarios «a más tardar el lunes».
