En el marco de los procesos que enfrenta el consultor argentino Fernando Cerimedo, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó que el desdoblamiento forense realizado a uno de los teléfonos del exasesor reveló la existencia de una billetera digital fría (‘cold wallet’) conectada a un entramado de cuentas que habrían movilizado hasta 132,8 millones de dólares.
El dato fue expuesto por el senador Leonardo Roca (Alianza Libre) en simultáneo al pronunciamiento público del presidente Rodrigo Paz, quien rompió el silencio para desligar de forma tajante a su Gobierno ya su familia de las acciones del imputado.
De acuerdo con el informe de extracción informática presentado por el legislador Roca, el seguimiento rastreó el uso de billeteras frías fuera de la red que luego derivaban fondos a plataformas activas y casas de cambio (‘exchanges’) para su conversión a divisas.
La auditoría digital en la plataforma pública Tronscan.org identificó al menos 46 transferencias por un total de 66.000 dólares en un rango de seis meses distribuidas en 10 direcciones vinculadas, un patrón operativo que coincide con los parámetros de fragmentación de capitales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Roca solicitó formalmente a la Fiscalía confirmar la cadena de custodia del dispositivo para dar con los beneficiarios finales.
De forma paralela, el presidente Rodrigo Paz difundió un video en el que rechazaba cualquier aval institucional hacia Cerimedo, remarcando que el estratega fue contratado únicamente para la campaña electoral y que carecía de representación formal o contrato directo con el Estado. Además, calificó los ataques mediáticos como «escándalos sin pruebas» y defendió la intachabilidad de su núcleo familiar, mientras el Viceministerio de Transparencia formalizó su adhesión como parte coadyuvante en la causa por legitimación de ganancias ilícitas.
En el frente procesal, el abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano Atalá, reveló que el sospechoso habría contactado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, el mismo día del atentado en Santa Cruz; en tanto, la toma de declaración a la víctima en su domicilio fue suspendida por fuerza mayor a la espera de responder a la solicitud para declararla testigo protegida.
