Durante un encuentro oficial entre el Órgano Ejecutivo y los gobiernos locales, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) demandó formalmente la abrogación del Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores.
En respuesta, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la firmeza de la medida al revelar públicamente que la liberación progresiva de los precios de los hidrocarburos constituye una de las exigencias condicionantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para auxiliar al país.
El planteamiento edil fue expuesto directamente ante el presidente Rodrigo Paz por el titular de la FAM y alcalde de Tarija, Johnny Torres, quien remarcó que los gobiernos municipales resolvieron por unanimidad exigir la derogación de la tarifa de Bs 18 para la categoría de Grandes Contribuyentes (GRACOs).
Frente al requerimiento, Aramayo aseveró que el Estado boliviano no cuenta con la capacidad financiera para sostener una partida presupuestaria de subsidio golpeada por graves hechos de corrupción. Asimismo, advirtió que el país atraviesa por un escenario de agudo ahogamiento de sus finanzas públicas, lo que obliga a cumplir con los compromisos contraídos con los organismos multilaterales de crédito.
En el marco del debate sobre la profundización de las autonomías y el plan «50-50» impulsado por el recién posesionado ministro de Economía, Christian Morales, Aramayo instó a las municipalidades a abordar la sostenibilidad fiscal y la revisión de competencias sin limitarse a la simple transferencia de porcentajes.
«No nos vamos a poner a distribuir pobreza», sentenció el ministro de la Presidencia, enfatizando que el pacto fiscal debe orientarse a la generación de riqueza. La postura de los municipios se acopla al ultimátum fijado por los sectores agropecuarios del oriente, quienes otorgaron un plazo que vence este domingo para anular el decreto antes de convocar a la Asamblea de la Cruceñidad.
